Forética acaba de publicar el noveno ejemplar de su colección de Cuadernos de investigación y divulgación sobre Responsabilidad Social. La publicación, que lleva el título de “ Responsabilidad Social Empresarial y Contratación en el sector público”, está escrita por Christopher McCrudden, Catedrático de Derecho en Derechos Humanos de la Universidad de Oxford, y se publica en colaboración con la editorial Cambridge University Press .

“En este nuevo cuaderno, Forética trata de acercar a los agentes decisorios de las administraciones públicas una reflexión rigurosa sobre cómo emprender sus políticas de compras responsables, un tipo de políticas que ya son una realidad en otros países europeos” , según Germán Granda, Director General de la asociación. Tal como explica el autor en la introducción de la obra, su objeto de estudio es “ el nuevo uso de la contratación pública con vistas a la RSE en términos generales ” para luego centrarse en la relación existente entre RSE, contratación pública y Derecho. McCrudden parte de un recorrido histórico a través del cual explora la relación entre RSE y las Administraciones Públicas, para pasar a examinar las cuestiones actuales más relevantes y polémicas en lo relativo a esta materia, como pueden ser los límites de la voluntariedad, la contratación pública y el vacío legal sobre su cumplimiento o la contratación pública como equivalente a la contratación privada. Finalmente, el académico realiza un análisis del tema desde una perspectiva europea, poniendo de manifiesto las tendencias y líneas de pensamiento existentes en el momento. Aborda cuestiones de actualidad como: la UE y la RSE en la contratación de bienes y servicios, la oposición a la utilización de la contratación pública con el objetivo de fomentar la RSE, las cuestiones legales inherentes o los progresos al respecto en los Estados Miembros. Puedes descargarte el pdf del IX Cuaderno Forética en el siguiente enlace:

http://www.foretica.es/media/documentos/cuadernos_foretica/cuaderno9.pdf

¿Acceder a la información debe ser mirado como un “bien público”?

¿Incorporar “internet” en algunos lugares públicos debería ser visto como un “bien social”a nivel internacional? ¿Tiende a reducir las diferencias sociales y económicas superando la denominada “brecha digital”?

En tal sentido, algunos analistas interpretan y consideran que Internet debe ser tratado como un bien público, como son los servicios de agua y luz donde los ciudadanos pueden disponer en lugares públicos.

Los gobiernos municipales deberían tomar la iniciativa de proponer el libre acceso a la información, es decir “Internet”, de manera gratuita en aquellos lugares públicos, tales como: colegios, bibliotecas, parques, plazas importantes, organismos públicos, etc. bajo programas filtros que permitan bloquear sitios web con contenido pornográfico además de una lista de palabras predeterminadas, entre otras aplicaciones. (Ej. Parental Filter 3.0 Alpha)

Una iniciativa imitable es la implementación del sistema recientemente inaugurado en el marco del Proyecto “Rosario, Ciudad Digital” (Provincia de Santa Fe), con la intención de “brindar a la comunidad el servicio de acceso a Internet inalámbrica gratuita”; o la del intendente municipal, Mario Meoni, quién anunció el es pasado que muchas instituciones de su ciudad (Junín Provincia de Buenos Aires) contarán con internet gratis. En tal sentido argumentó: “Nuestra idea es utilizar el servicio para incluir, para acercar, para que nadie se quede afuera del sistema, por eso, vamos a darle internet gratis a todas las escuelas tanto públicas como privadas, a todas las bibliotecas y a todas las sociedades de fomento”, indicó Meoni. Asimismo, agregó que “el objetivo es achicar la brecha digital y que todos tengan acceso a internet y se capaciten en el uso de las nuevas tecnologías…”.

Ahora bien, para “digitalizar” éstos espacios, deberíamos analizar por nuestra parte una estrategia participativa donde deberán incluirse acciones específicas; una política de desarrollo bajo objetivos definidos; marco regulatorio; políticas de fomento e incorporación de infraestructuras como WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) como aconsejables.

En tal sentido, debo confesar que la inquietud en éste tema nace luego de leer el apartado “INCLUSIÓN DIGITAL E INFOFOALFABETIZACIÓN” de la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico aprobado recientemente por la IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado celebrado en Pucón, Chile los días 31 de mayo y 1° de junio de 2007 respectivamente, y que dice: “El desarrollo y la consolidación del Gobierno
Electrónico en Iberoamérica pasa porque los Estados establezcan políticas, estrategias y programas de inclusión digital, para combatir la infoexclusión, reduciendo la brecha digital y eliminando las barreras existentes para el acceso a los servicios electrónicos.

De manera simultánea, se debe ampliar el acceso de los sectores populares a las TIC y promover en general una cultura ciudadana sobre el Gobierno Electrónico. En este sentido, es preciso inducir a los gobiernos municipales e intermedios, al sector privado y a las comunidades organizadas para que creen y mantengan espacios públicos que cuenten con medios electrónicos de libre acceso, como así también aprovechar los espacios privados ya generados por la sociedad para el
acceso a la tecnología y operar asociativamente sobre estos desarrollos.

Los Estados tienen que promover y establecer mecanismos de acceso a los medios electrónicos para aquellas personas que no disponen de ellos; ya sea por razones geográficas o sociales. En dicho sentido se pueden establecer lugares de acceso público, como bibliotecas públicas, municipalidades, ONG’s, locutorios privados subvencionados, en los que se permita la utilización libre de medios electrónicos.

Si bien se tiene que promover la inclusión de toda la población al uso y beneficio del Gobierno Electrónico, es fundamental lograr la inclusión de aquellos sectores que se encuentran en circunstancias particularmente desventajosas para acceder y beneficiarse de los servicios electrónicos…”. “También implica habilitar y apoyar los espacios de producción de contenidos culturales propios con el objetivo de posibilitar la equidad, la multiculturalidad y el respeto a la diversidad.

La preparación de los ciudadanos y la transformación de la cultura social son fundamentales para una más rápida implantación del Gobierno Electrónico y de la sociedad de la información y el conocimiento. En ese sentido los Estados deben promover y planificar la formación de los ciudadanos a este respecto. La pieza fundamental es la educación de las nuevas generaciones desde la más temprana edad.

La transformación de la cultura social en cuanto al Gobierno Electrónico con un proceso de formación ciudadana e infoalfabetización que estimule el acceso, participación y utilización del mismo es un elemento fundamental de ese proceso de preparación de la ciudadanía.”

En virtud de ello, concluyo que la finalidad del presente es brindar posibilidades para su concepción como tema a tratar por los Estados Municipales y Provinciales a nivel nacional e internacional.

Por Carina Andrea Castelli
Notaria. Abogada. Fundadora de ElNotariado.com (www.elnotariado.com)

El “Consenso de Pucón” sostiene que “teniendo en consideración que el objetivo de toda política pública es el bienestar de las personas, se requiere fortalecer las capacidades institucionales públicas para dar satisfacción a los requerimientos ciudadanos de integración y pertenencia”.

Esta reunión forma parte de la preparación de la Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno que se desarrollará en Chile en noviembre.

Según el documento firmado, “La Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico contiene un conjunto de conceptos, valores y orientaciones que pueden contribuir a que los Estados Iberoamericanos diseñen, implanten y consoliden el gobierno electrónico y promuevan el desarrollo de la sociedad de la información y el conocimiento.“

Les deseo lo mejor a Ismael y toda la gente del equipo porque el Master parece muy interesante.

La obra es altamente recomendable y además completamente gratis. Puede descargarse del sitio personal de Dr. Alabau.

http://personales.upv.es/aalabau/

Si bien el retraso no es beneficioso para nadie, al menos es un baño de realidad. La administración electrónica en España está muy lejos de los objetivos que la ley impulsa.

Evidentemente el sector privado a través del Consejo Asesor de Administraciones Públicas, ha hecho que el ministro note que es imposible asegurar todavía derechos como: (y cito el proyecto textualmente)

“2.1.- Derechos de los ciudadanos.
Se reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las AA.PP. por medios
electrónicos. Este derecho incluye -en los términos que disponga la Ley – los siguientes:
… 2. A conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que sean
interesados.
3. A la utilización del DNI electrónico como mecanismo de identificación en cualquier
trámite telemático con cualquier Administración Pública…..”

Esto es sólo un ejemplo de una serie de enunciados, por cierto, muy valiosos, pero que hoy en día no son más que una expresión de deseos.

No voy a discutir el porcentaje que el director menciona, que por lo menos me parece excesivamente optimista, pero vale hacer algunas aclaraciones bastante obvias, por cierto.

En primer término, el director se refiere a la administración central y deja de lado las autonómicas y ayuntamientos. Aunque sea obvio mencionarlo, también son parte de la administración y ofrecen servicios por Internet. Por cierto, en estos dos últimos casos (autonomías y ayuntamientos) ni siquiera el más optimista de los analistas se atrevería a promediar los servicios que ofrecen tan siquiera cerca del 25%.

Luego se menciona que con la ley el porcentaje de servicios disponibles subirá al 100%. No soy tan optimista, pero si así fuera, esta oferta de servicios estará compuesta por disponibilidad de formularios. Desde todo punto de vista, muy poco para una administración moderna, con ambición de interactividad y buen servicio al ciudadano.

Luego hay otro párrafo que llamó mi atención. Refiriéndose al servicio 060 “el número de personas registradas a esta página es ya de 14.000, lo que, en su opinión, demuestra el interés de la gente en esta ley”

No me queda claro si el director se refiere a 14.000 registrados en el portal, que claramente son pocos, teniendo en cuenta que el mismo es la ventanilla única de todo el Estado español o 14.000 registrados en la sección de opinión sobre la ley, que me parecen demasiados.

Como sea, todo lo dicho son expresiones construidas a partir de números que nadie ha corroborado. En definitiva, mi sensación es que el interés que ha levantado está ley, no es tan grande como los funcionarios suponen.